Queridos diocesanos:
La experiencia muestra que no basta con enseñar las verdades importantes una sola vez, sino que, con frecuencia, es necesario repetirlas para que queden bien grabadas en nuestra alma y sirvan como guías seguras para nuestra conducta. Esa repetición y recuerdo resultan tanto más necesarios cuanto mayor es el peligro de que caigan en el olvido, sean voluntariamente relegadas o sufran ataques persistentes que susciten dudas acerca de su permanente validez.
En una visión cristiana del hombre y de la sociedad se encuentran un buen número de esas verdades que deben ser tenidas en cuenta si se quiere edificar la ciudad terrena sobre bases sólidas y en las que el hombre y su dignidad se encuentren en el centro: por ejemplo, el carácter sagrado e inviolable de la vida humana; el consiguiente respeto que merece desde sus mismos orígenes hasta su fin natural; la libertad que resulta indispensable para vivir como personas humanas; el cuidado de los más débiles y pobres; la afirmación a un tiempo del derecho a la propiedad privad y del destino universal de los bienes de la tierra, así como del resto de los derechos humanos fundamentales; la existencia de la verdad y de la capacidad del hombre para conocerla; la familia basada en el matrimonio como unión de hombre y mujer, etc.
Entre las verdades que requieren continua atención y que deben ser recordadas y propuestas una y otra vez se encuentran las relativas a la educación. El Concilio Vaticano II reconoció ya la gran importancia que esta tiene en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. En nuestro país se suceden las leyes orgánicas de educación sin que se acabe de encontrar un marco legal satisfactorio para la mayoría y con vocación de duración en el tiempo. Hoy, cuando se está tramitando el proyecto de una nueva ley de educación y se escuchan algunas de las propuestas al respecto, resulta particularmente necesario recordar algunas verdades básicas en este ámbito de cosas. Algunas de las instancias de la Conferencia Episcopal Española ya lo han hecho, preocupadas por la amenaza a la libertad de educación que supondría la aceptación de algunas de las propuestas avanzadas. Dichas propuestas acentuarían más todavía el peligro de cercenar algunas libertades fundamentales de los ciudadanos, como la de los padres a la hora de elegir para sus hijos una educación conforme a sus convicciones morales y religiosas. Antes de hablar de unos supuestos y más que discutibles nuevos derechos, sería bueno respetar los ya admitidos en nuestro ordenamiento legal, tales como el de la libertad de enseñanza.
La Iglesia no ha ejercido su valiosa labor crítica sin antes haber hecho sus propuestas en el campo educativo. Como en otras ocasiones, la invitación hecha a la Iglesia para participar en el debate no parece pasar de algo meramente formal sin la voluntad seria de un detenido estudio de sus propuestas; estas no parecen ser tenidas en cuenta ni merecer siquiera una respuesta razonada. De ese modo queda vacío de contenido lo dispuesto en el art. 16.3 de la Constitución Española sobre la relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica.
Es oportuno, pues, recordar a todos que no es el Estado sino que son “los padres los principales y primeros educadores de sus hijos” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1653) y que “el derecho y el deber de la educación son para ellos primordiales e inalienables” (ibidem, 2221). El Estado tiene solo una función subsidiaria con relación a los padres en la educación de sus hijos. Como ya se ha dicho, la Constitución Española “reconoce la libertad de enseñanza” (art. 27.1), establece que los poderes públicos deben garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3), y reconoce “a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes” (art. 27.6). Conviene recordarlo ante la voluntaria amnesia selectiva, que parecen sufrir algunos políticos.
