En un momento tan excepcional como el que vivimos por causa de la pandemia del COVID-19 que está asolando a nuestro país, donde parte de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos -movilidad y circulación, reunión, manifestación, etc.- están restringidos por el estado de Alarma decretado por el Gobierno y que limitan extraordinariamente el correcto funcionamiento de las instituciones y las organizaciones -tanto públicas como privadas-, es necesario un consenso y diálogo de toda la comunidad educativa.
Las entidades Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC), CEU San Pablo, Fundación Educatio Servanda, Plataforma por las Libertades, Plataforma Yolibre.org, Plataforma Libres para Educar a nuestros hijos, abiertas a nuevas adhesiones, estando de acuerdo con el contenido descrito en la nota de prensa publicada el día 27 de abril por la plataforma “Concertados” en los medios de comunicación, nos adherimos a la misma.
Al mismo tiempo queremos destacar nuestro malestar y perplejidad por la publicación el pasado día 24 de abril de la Orden EFP/365/2020 de 22/04/20 del Ministerio de Educación y Formación Profesional por la que “se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19”, donde se permite decidir a las Comunidades Autónomas el número de asignaturas suspensas para obtener el título o promocionar, orden que atenta y vulnera la Ley Orgánica de Educación actualmente vigente LOE-LOMCE y que podría ser inconstitucional.
Este proceder demuestra la prisa con que el Gobierno, por medio de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y sus socios, quieren imponer una Ley educativa que no nació del consenso. Es más, esta Ley tiene indignada a la comunidad educativa por no contar con ella, elimina la educación especial, limita al máximo la libertad de educación, la de elección de los padres y la libertad religiosa-moral, al mismo tiempo que suprime la “demanda social” que es la verdadera garantía de libertad de las familias, presionando aún más a la red de iniciativa social -centros sostenidos parcialmente con fondos
públicos “concertados”- que han sido vitales para vertebrar, estas últimas décadas, la educación de nuestro país.
Por todo lo descrito anteriormente, queremos manifestar:
1.- Este modo de proceder por imposición es contrario a las constantes llamadas al dialogo, consenso, equidad e igualdad a la que tanto apela la Sra. Ministra en todas sus declaraciones, despreciando una vez mas la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos según sus convicciones religiosas y morales, según se afirma en el Art. 27 de la Constitución Española.
2.- Se limita o elimina la posibilidad, a la iniciativa social, de creación de centros educativos de cualquier otro tipo de inspiración, religiosa o no.
3.- Hace saltar nuevamente por los aires el pacto “social y político por la educación”, tan necesario en este momento en el que se quiere desarrollar una nueva Ley Orgánica de Educación, sin tener en cuenta las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de las familias, primeras educadoras de sus hijos.
4.- Es necesario no olvidar que el Estado es subsidiario a la responsabilidad educativa de las familias. Por ello, debe estar siempre a su servicio para trabajar complementariamente en la educación y formación con ellas. La patria potestad de nuestros hijos la tenemos las familias y es nuestra responsabilidad vigilar y velar por su protección.
5.- La citada Orden Ministerial echa por tierra el esfuerzo y el trabajo, no sólo de los alumnos sino de los propios docentes, al dejar en manos de las Comunidades Autónomas las decisiones de las promociones o titulaciones, sin adquirir las competencias necesarias, induce el desamparo legal y la inseguridad jurídica de los docentes y de los equipos directivos frente a los servicios de inspección educativa. Además de vulnerar la ley educativa actualmente vigente LOE-LOMCE, crea claras y sangrantes diferencias y discriminaciones dentro de la población escolar, más cuando estamos en un estado de alarma y en una situación muy excepcional.
6.- Es imperativo que las normas que se dicten sean claras y no contradictorias. Las dictadas hasta ahora generan incertidumbre y malestar en toda la comunidad educativa. Queremos que se cuente con todas las organizaciones antes de tomar decisiones unilaterales que, como estamos viendo, son cambiadas una y otra vez con el consiguiente perjuicio para la comunidad educativa. El Ministerio debe de asumir sus competencias, generales e iguales para todo el territorio y las Comunidades Autónomas las que su propia normativa, por tener las competencias transferidas, les atribuye.
7.- Pedimos a nuestros políticos “altura de miras” para trabajar, desde el consenso y el dialogo, por mejorar nuestro sistema educativo y la formación que reciben nuestros menores y universitarios, desde el consenso y el dialogo. El valor que determina el crecimiento y la prosperidad de una sociedad es su educación y su formación, que siempre es una inversión de futuro. Algo falla cuando nuestros mejores cerebros abandonan su país, con la pérdida de la inversión que se ha hecho en ellos.
Recordamos al Gobierno y a la Sra. Ministra que, en un momento tan excepcional como el que vivimos, no son apropiadas estas decisiones, que lo único que quieren es imponer sus propias medidas y las de sus socios de gobierno, excluyendo a la gran parte de la sociedad que no piensa de la misma forma. No es el momento para tratar de aprobar, de manera tan irregular y rozando la inconstitucionalidad, una Ley Orgánica de tanta importancia como la de Educación.
La política debería estar fuera de la tarea educativa. Hay que trabajar por una educación gratuita y universal, estatal o de iniciativa social, en equidad e igualdad y sobre todo de calidad, respetando en todo momento la libertad de educación y la libre elección de las familias.
Las medidas promovidas por el Gobierno actual ni buscan ni quieren el consenso. Lo único que pretenden es aprovechar la situación para seguir introduciendo ideología en las aulas y apartando a las familias del hecho educativo de sus hijos. Es decir, sin el mínimo pudor y respeto por el sufrimiento social originado por la pandemia del COVID19, que además se ha cobrado decenas de miles de muertos, nuestros gobernantes siguen buscando sus propios intereses ideológicos.
